Rechazan una demanda de Interior que exigía al Govern que asumiera los gastos de estos fármacos

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha determinado que debe ser Instituciones Penitenciarias, que depende del Estado, la que debe asumir los gastos de los tratamientos para paliar la enfermedad de hepatitis C que sufran los reclusos, entre ellos los de la cárcel de Palma. Los jueces rechazan que este gasto en medicamentos deba ser asumido por la comunidad autónoma, con independencia de que en un futuro ambas administraciones públicas puedan alcanzar un acuerdo y firmar un convenio para financiar este tratamiento, conocido como la triple terapia de la hepatitis C.

Instituciones Penitenciarias mantiene un conflicto desde hace dos años cuando, a través de una carta, un alto cargo se dirigió al Govern balear para plantear esta situación. Señalaba el escrito la preocupación que mantenía la institución de que los internos (facilitaba una lista), al ser todos ellos usuarios del sistema nacional de salud, tenían derecho a la prestación sanitaria. Todos estos reclusos tenían prescrito un tratamiento de uso hospitalario para su enfermedad crónica, sin que hasta ese momento el servicio de salut de la comunidad autónoma no lo hubiera dispensado. El Govern contestó, en términos cordiales, proponiendo la posibilidad de un convenio para garantizar que los presos recibieran este tratamiento, pero no se comprometía a asumir el coste económico.

La siguiente misiva del subsecretario del Ministerio de Interior fue mucho más contundente y en su carta exigía a la Conselleria de Salut que dispensara de inmediato este tratamiento para dicha enfermedad. El Govern volvió a contestar en el mismo sentido que la carta anterior, estableciendo la posibilidad de firmar dicho convenio. Interior, ante esta postura, decidió acudir a los tribunales para resolver el conflicto entre ambas administraciones.

Los jueces han analizado la situación y sobre todo han profundizado sobre la interpretación de las normas de asistencia médica a la que tienen derecho los internos de las cárceles. El reglamento penitenciario establece con claridad, y así lo resalta la sentencia, que “la asistencia sanitaria tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la prevención, como la curación y a la rehabilitación”. Y, además, “especial atención merecerá la prevención de las enfermedades transmisibles”. En otro apartado, también se establece que Instituciones Penitenciarias y la administraciones sanitarias formalizarán convenios de colaboración en material de salud pública y asistencia sanitaria. Señala que la asistencia médica en las cárceles será financiada por Instituciones Penitenciarias. Por tanto, el TSJB establece que el pago de este caro tratamiento contra la hepatitis lo financie la cárcel.

Vía Diario de Mallorca, imagen de Última Hora

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